Tercer Sector
CiU propone al Gobierno un plan de choque para "salvar al Tercer Sector"
Esgrime datos del CERMI en una iniciativa sobre el Plan de Pagos a Proveedores
25/04/2013
Maribel González
El portavoz de Asuntos Sociales de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, ha registrado una proposición no de ley en la que pide al Gobierno que amplíe el Plan de Pagos a Proveedores al Tercer Sector, con el objetivo de que el Estado adelante el abono de deudas de las comunidades autónomas y ayuntamientos para evitar su desaparición.
"Las entidades sin ánimo de lucro necesitan urgentemente un plan de rescate", alerta Campuzano, quien con esta iniciativa se propone movilizar a las fuerzas políticas para "salvar al Tercer Sector" y no "abocarle a la quiebra".
Y es que, argumenta el parlamentario de CiU, las entidades sin ánimo de lucro están pasando por una situación muy difícil porque se están cerrando sus fuentes de financiación como consecuencia de la crisis.
Así, prosigue, las administraciones autonómicas y locales no pueden hacer frente a sus deudas con el Tercer Sector porque no tienen liquidez, a lo que se suma la desaparición de las obras sociales de las cajas, o la disminución de las contribuciones individuales.
A este respecto, el Grupo Catalán cita los datos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que asegura que las administraciones autonómicas y las corporaciones locales debían en septiembre de 2012 a sus entidades más de 230 millones de euros en concepto de ayudas y subvenciones reconocidas y no abonadas.
Esto supone, según el CERMI, que en comparación con 2011, la deuda se incrementó en 75 millones de euros, lo que evidencia, apunta CiU, "que este grave problema de los impagos y los retrasos se intensifica con el paso de los meses".
Todo esto genera, en opinión de Convergència i Unió, "una situación dramática que requiere de una actuación urgente" y de "iniciativas decisivas que eviten el cese de actividad de las entidades sin ánimo de lucro".
En concreto, la proposición de CiU insta al Ejecutivo "a impulsar, en el plazo de tres meses y conjuntamente con las comunidades autónomas, una nueva ampliación del Plan de Pagos a Proveedores o, alternativamente, a establecer medidas que favorezcan de forma prioritaria el pago de deudas de las administraciones territoriales con entidades sin ánimo de lucro" derivadas de actividades diversas.
Entre estas actividades, CiU señala contratos de colaboración entre el sector público y el privado, contratos de gestión de servicios públicos en su modalidad de concesión cuando el deudor es una comunidad autónoma, ayudas reguladas por la Ley General de Subvenciones y por las normas de subvenciones propias de las autonomías, así como cualquier otra modalidad de adjudicación de fondos, cubierta o no por la Ley de Contratos del Sector Público.
